EFE, Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión al subdelegado de la pastoral penitenciaria del Obispado de Vic (Barcelona), el diácono Jaime Benjamín García, por estafar a presos a los que cobraba por tramitarles permisos e indultos penitenciarios que nunca llegaban.
En su sentencia, la sección octava de la Audiencia de Barcelona condena al diácono por un delito continuado de estafa y le inhabilita para el ejercicio de su actividad en centros penitenciarios, aunque lo absuelve de uno de los timos de que lo acusaba la Fiscalía por haber prescrito ya.
El diácono, que deberá indemnizar con 30.000 euros a un preso al que estafó con la promesa de conseguirle un permiso penitenciario, podrá eludir su ingreso en prisión, al haber sido condenado a dos años de cárcel y carecer de antecedentes penales.
Según cree probado el tribunal, entre los años 2006 y 2007 Jaime Benjamín García consiguió sacar 30.000 euros a los familiares de un preso de Can Brians al que prometió ayudar y pidió 80.000 euros a otros dos reclusos a cambio de tramitarles el indulto, por lo que los presos lo acabaron denunciando al subdirector del centro.
El procesado, para quien la Fiscalía pedía ocho años de cárcel, es diácono permanente del Obispado de Vic desde hace doce años y, en compañía de un sacerdote de la pastoral penitenciaria, acudía con asiduidad a las prisiones para visitar a los reclusos, prestarles asistencia espiritual y ayudarles en la tramitación de permisos, recursos e indultos.
Según el tribunal, con el propósito de un “enriquecimiento injusto y siguiendo un plan predeterminado”, el diácono contactó en junio de 2006 con un preso condenado a 15 años de cárcel y le prometió tramitar su traslado a Quatre Camins y la obtención inmediata de permisos de salida a cambio de 25.000 euros.
El interno accedió a pagar esa cantidad a través de sus familiares, que le hicieron la entrega en las proximidades de la cárcel Wad Ras de Barcelona, pero el acusado amenazó después con no cumplir su promesa, con lo que consiguió que la hermana del recluso le pagara otros 5.000 euros.
El diácono, que se jactaba ante los presos de tener importantes influencias, nunca consiguió los permisos de salida que había prometido y, cuando los familiares del recluso se lo reclamaron, les amenazó con influir negativamente en la situación penitenciaria del interno estafado.
En marzo de 2007, el diácono ofreció a dos internos de Can Brians tramitarles el indulto por 80.000 euros entre los dos, cantidad que deberían pagar en dos plazos.
Los reclusos acabaron rechazando la oferta, al ser advertidos por otros presos de que podía tratarse de un timo, y denunciaron los hechos ante el subdirector de la cárcel.
La Fiscalía acusaba al religioso de una tercera estafa a un preso que en 2004 le pagó 25.000 por su indulto, pero la Audiencia de Barcelona lo ha absuelto de ese caso por haber transcurrido ya el plazo legal de prescripción de tres años.
Para el tribunal, “no hay duda de que el acusado engañó a los internos prometiéndoles lo que sabía que no podía conseguir a cambio de dinero, engaño que debe considerarse bastante, dado que se presentaba como subdelegado del Obispado de Vic y era creíble que contara con influencias para conseguir permisos”.