500 euros menos al mes
elconfidencial.com
Quinientos euros. Ése es el “efecto nómina” que, según los sindicatos, tendrán los recortes en sus salarios mensuales. En otras palabras, lo que van a cobrar de menos prorrateando las pagas extras. Y eso al menos en Cataluña, que es la comunidad que ha ejercido de conejillo de indias de la nueva política económico laboral. Porque, desde principios de año, los cinturones se aprietan para los empleados públicos. Cierto es que Cataluña tiene 37,22 empleados públicos por cada mil habitantes, mientras que otras comunidades llegan a 79,92 funcionarios por mil. Pero Artur Mas se ha decidido a cumplir a rajatabla el déficit del Gobierno y ha puesto en marcha medidas drásticas para ello.
efe
“No se trata de una carrera para llegar antes. Lo que debemos hacer es una política coherente para cumplir con los objetivos de déficit. Lo único que pedimos es que nos dejen hacerla, que no nos ahoguen, porque el Gobierno central no ha pagado lo que debe, y desvía hacia los Gobiernos autonómicos lo que debería asumir como déficit propio. A nosotros nos debería haber hecho efectivo 959 millones de euros en el 2011 en gastos de infraestructuras, pero no hemos visto ni un euro. Por tanto, el Gobierno de Madrid ejerce de moroso. Y lo malo es que nos ahoga a nosotros, que por esa morosidad no podemos hacer frente a gastos corrientes”, subrayan a El Confidencial fuentes del Gobierno catalán.
Consecuencia de la crisis, Cataluña ha emprendido un camino que las demás comunidades han de seguir tarde o temprano. Pero este camino está plagado de espinas, porque no place a todos y, especialmente, a los representantes de los trabajadores. La Generalitat rompió unilateralmente negociaciones el pasado viernes para llegar a un acuerdo en cuanto a recortes para el año próximo. El detonante fue una manifestación de funcionarios de prisiones que paralizaron el tráfico y el sistema penitenciario. Ayer hubo aproximaciones de nuevo, mientras los funcionarios volvían a cortar el tráfico en el centro de Barcelona a primera hora de la mañana, como cada miércoles. Y mañana habrá otra aproximación entre Administración y trabajadores para dialogar y tratar de llegar a un acuerdo que aúne los intereses del Estado con los intereses de los ciudadanos y de los empleados públicos.
La filosofía del gobierno es doble: por una parte, trata de recaudar más mediante la imposición de tasas; por otra, trata de ahorrar más con una reducción del 10% en el gasto público. La mayor parte de este ahorro proviene del recorte en las nóminas de los empleados públicos. “Tenemos las retribuciones que el Gobierno ha querido. Por ejemplo, yo tengo un plan de pensiones que a lo mejor no quiero tener y que, si lo sumamos a los de los demás trabajadores, representa un 5% de la masa salarial de todo el personal. Quizás deberíamos plantearnos si eso es preciso. Y, por otra parte, nunca hemos cobrado el 100% de las pagas extras. Desde el año 2007, hubo una modificación de estas pagas que debería ir aumentando hasta llegar al 100%. Pero nunca se ha llegado a realizar. Es más: hubo una disminución del 5% el año pasado”, dice a El Confidencial Encarna Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT.
Este sindicato, igual que CCOO, SATSE, CGT o el Sindicat de Metges de Catalunya (MC) rechazan la oferta de la Administración de basar el mayor peso de los recortes en el salario (aproximadamente el 70%). El pasado jueves, el Gobierno catalán les presentó una propuesta con 19 puntos que sólo preveían recortes. “No hay alternativa a ese documento de 19 puntos. Y no queremos ser cómplices en eso”, añade Encarna Fernández.
Tensión con querellas de por medio
En medio del caos que significa una negociación de este nivel la CGT ha venido a añadir leña al fuego. El pasado 18 de noviembre, presentó una querella por prevaricación contra el director de los servicios territoriales de Trabajo de la Generalitat, Eliseu Oriol, por haber admitido el expediente de regulación de empleo de la Mutua de Terrassa, que afectará a 838 trabajadores durante un año (en realidad, no son despidos, ya que sólo verán reducida su jornada de trabajo). Según el sindicato, Oriol no había tenido en cuenta un informe de la inspección de Trabajo en contra de dicho expediente y había incurrido en varias irregularidades durante la tramitación. No es baladí: la Mutua de Terrassa da cobertura a 350.000 usuarios del cinturón de Barcelona, por lo que la repercusión social es muy alta.
Pero algunos dirigentes cegetistas le habían acusado públicamente de “soborno y cohecho”. Fue la gota que colmó el vaso. Desde la Administración se considera inadmisible que un tema estrictamente laboral se pase a la vía penal. Argumentan dato a dato la decisión de Oriol (que también se ve reflejada en su resolución sobre el expediente), que es la “autoridad laboral” en conflictos similares y rebaten las acusaciones de parcialidad. Además, el director de Trabajo tiene una dilatada experiencia como inspector de trabajo, por lo que conoce al dedillo situaciones como la presente. Además, aunque admiten que la vía penal sería admisible en última instancia, lo que no admiten es que se acuse a un directivo de un delito que no ha cometido. Al margen, la CGT considera que la Administración no puede alegar causas económicas para despedir a personal. Sin embargo, hay varias sentencias que justifican esta decisión.
Lo que ha sentado mal en el Gobierno es que se acuse a un funcionario de delitos y, aunque en el redactado final de la querella del sindicato se eliminan las acusaciones de cohecho y soborno, el Departamento de Empresa y Ocupación ha puesto en manos de los servicios jurídicos gubernamentales el tema para que interpongan una querella contra la centra sindical por difamación. Y ello se produce un una situación singular: precisamente ayer, todas las partes llegaron a un acuerdo para culminar el expediente, incluyendo a la CGT, con las condiciones que ya habían pactado los trabajadores en el mes de julio (propuestas por CCOO). El intercambio de querellas, por tanto, es un barómetro que mide la presión que existe en estos momentos en la Administración respecto a los recortes en el sector público.
Quinientos euros. Ése es el “efecto nómina” que, según los sindicatos, tendrán los recortes en sus salarios mensuales. En otras palabras, lo que van a cobrar de menos prorrateando las pagas extras. Y eso al menos en Cataluña, que es la comunidad que ha ejercido de conejillo de indias de la nueva política económico laboral. Porque, desde principios de año, los cinturones se aprietan para los empleados públicos. Cierto es que Cataluña tiene 37,22 empleados públicos por cada mil habitantes, mientras que otras comunidades llegan a 79,92 funcionarios por mil. Pero Artur Mas se ha decidido a cumplir a rajatabla el déficit del Gobierno y ha puesto en marcha medidas drásticas para ello.
efe
“No se trata de una carrera para llegar antes. Lo que debemos hacer es una política coherente para cumplir con los objetivos de déficit. Lo único que pedimos es que nos dejen hacerla, que no nos ahoguen, porque el Gobierno central no ha pagado lo que debe, y desvía hacia los Gobiernos autonómicos lo que debería asumir como déficit propio. A nosotros nos debería haber hecho efectivo 959 millones de euros en el 2011 en gastos de infraestructuras, pero no hemos visto ni un euro. Por tanto, el Gobierno de Madrid ejerce de moroso. Y lo malo es que nos ahoga a nosotros, que por esa morosidad no podemos hacer frente a gastos corrientes”, subrayan a El Confidencial fuentes del Gobierno catalán.
Consecuencia de la crisis, Cataluña ha emprendido un camino que las demás comunidades han de seguir tarde o temprano. Pero este camino está plagado de espinas, porque no place a todos y, especialmente, a los representantes de los trabajadores. La Generalitat rompió unilateralmente negociaciones el pasado viernes para llegar a un acuerdo en cuanto a recortes para el año próximo. El detonante fue una manifestación de funcionarios de prisiones que paralizaron el tráfico y el sistema penitenciario. Ayer hubo aproximaciones de nuevo, mientras los funcionarios volvían a cortar el tráfico en el centro de Barcelona a primera hora de la mañana, como cada miércoles. Y mañana habrá otra aproximación entre Administración y trabajadores para dialogar y tratar de llegar a un acuerdo que aúne los intereses del Estado con los intereses de los ciudadanos y de los empleados públicos.
La filosofía del gobierno es doble: por una parte, trata de recaudar más mediante la imposición de tasas; por otra, trata de ahorrar más con una reducción del 10% en el gasto público. La mayor parte de este ahorro proviene del recorte en las nóminas de los empleados públicos. “Tenemos las retribuciones que el Gobierno ha querido. Por ejemplo, yo tengo un plan de pensiones que a lo mejor no quiero tener y que, si lo sumamos a los de los demás trabajadores, representa un 5% de la masa salarial de todo el personal. Quizás deberíamos plantearnos si eso es preciso. Y, por otra parte, nunca hemos cobrado el 100% de las pagas extras. Desde el año 2007, hubo una modificación de estas pagas que debería ir aumentando hasta llegar al 100%. Pero nunca se ha llegado a realizar. Es más: hubo una disminución del 5% el año pasado”, dice a El Confidencial Encarna Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT.
Este sindicato, igual que CCOO, SATSE, CGT o el Sindicat de Metges de Catalunya (MC) rechazan la oferta de la Administración de basar el mayor peso de los recortes en el salario (aproximadamente el 70%). El pasado jueves, el Gobierno catalán les presentó una propuesta con 19 puntos que sólo preveían recortes. “No hay alternativa a ese documento de 19 puntos. Y no queremos ser cómplices en eso”, añade Encarna Fernández.
Tensión con querellas de por medio
En medio del caos que significa una negociación de este nivel la CGT ha venido a añadir leña al fuego. El pasado 18 de noviembre, presentó una querella por prevaricación contra el director de los servicios territoriales de Trabajo de la Generalitat, Eliseu Oriol, por haber admitido el expediente de regulación de empleo de la Mutua de Terrassa, que afectará a 838 trabajadores durante un año (en realidad, no son despidos, ya que sólo verán reducida su jornada de trabajo). Según el sindicato, Oriol no había tenido en cuenta un informe de la inspección de Trabajo en contra de dicho expediente y había incurrido en varias irregularidades durante la tramitación. No es baladí: la Mutua de Terrassa da cobertura a 350.000 usuarios del cinturón de Barcelona, por lo que la repercusión social es muy alta.
Pero algunos dirigentes cegetistas le habían acusado públicamente de “soborno y cohecho”. Fue la gota que colmó el vaso. Desde la Administración se considera inadmisible que un tema estrictamente laboral se pase a la vía penal. Argumentan dato a dato la decisión de Oriol (que también se ve reflejada en su resolución sobre el expediente), que es la “autoridad laboral” en conflictos similares y rebaten las acusaciones de parcialidad. Además, el director de Trabajo tiene una dilatada experiencia como inspector de trabajo, por lo que conoce al dedillo situaciones como la presente. Además, aunque admiten que la vía penal sería admisible en última instancia, lo que no admiten es que se acuse a un directivo de un delito que no ha cometido. Al margen, la CGT considera que la Administración no puede alegar causas económicas para despedir a personal. Sin embargo, hay varias sentencias que justifican esta decisión.
Lo que ha sentado mal en el Gobierno es que se acuse a un funcionario de delitos y, aunque en el redactado final de la querella del sindicato se eliminan las acusaciones de cohecho y soborno, el Departamento de Empresa y Ocupación ha puesto en manos de los servicios jurídicos gubernamentales el tema para que interpongan una querella contra la centra sindical por difamación. Y ello se produce un una situación singular: precisamente ayer, todas las partes llegaron a un acuerdo para culminar el expediente, incluyendo a la CGT, con las condiciones que ya habían pactado los trabajadores en el mes de julio (propuestas por CCOO). El intercambio de querellas, por tanto, es un barómetro que mide la presión que existe en estos momentos en la Administración respecto a los recortes en el sector público.
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