Aguirre amplía la jornada de los funcionarios, reduce días libres y deja de pagar el 40% de la baja
20.12.2011 M. Castillo - Expansión.com
Además de aumentar media hora al día la jornada laboral de los 120.000 trabajadores públicos madrileños y quitar un día de asuntos propios, Esperanza Aguirre propone que su comunidad deje de pagarles el 40% del sueldo en caso de baja para completar el cobro total de la nómina, salvo en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid presentó este lunes una enmienda al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 en la que establece que la Comunidad de Madrid dejará de complementar el salario del personal laboral en caso de baja, y otra en la que amplía la jornada laboral a los empleados públicos.
La enmienda de adición relativa a la incapacidad temporal establece que a partir de la entrada en vigor de la Ley "el régimen de prestaciones o complementos económicos en el supuesto de incapacidad temporal se ajustará estrictamente a los dispuesto en la normativa de régimen de Seguridad Social que, en cada caso, resulte de aplicación", informa Europa Press.
Así, la Seguridad Social seguirá pagando el 60% del salario de los afectados, pero la Comunidad de Madrid no abonará el 40% restante como hacía hasta la fecha. Lo dispuesto en la enmienda no será de aplicación en los supuestos en que la incapacidad laboral derive en "un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso se mantendrán las medidas de mejora de la prestación económica correspondiente que se encuentran previstos en la normativa convencional o reglamentaria aplicable".
Actualmente, el 11% de las bajas laborales de la Comunidad están motivadas por incapacidad temporal, según datos del Partido Popular, y la medida afectaría a las bajas de entre cuatro y 15 días tanto de funcionarios como de empleados de empresas públicas, lo que supondría un ahorro para la Comunidad de Madrid de 25 millones de euros, según cálculos del PP. El portavoz de los 'populares' en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, señalo ayer en una nota que esta medida supondrá "erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales".
"La sola idea es algo gravísismo"
Para el sindicato de altos funcionarios, la sola idea de dejar de pagar la baja es algo "gravísimo", señalan a Expansión.com fuentes de Fedeca, y subrayan que no conocían un precedente de este calado. "Estamos hablando de que el empleador deje de pagar la baja, lo que supone retroceder décadas en la legislación social".
Los altos funcionarios piden al equipo de Aguirre que reconsidere esta postura puesto que "los trabajadores públicos estarían desprotegidos en comparación con los trabajadores del sector privado", afirma. Es más, "Estamos hablando de un derecho fundamental, que es el de la salud, y que se vería perjudicado".
Ante el argumento de que esta medida, según la Comunidad de Madrid, de evitar el fraude con las bajas, los funcionarios recalcan que "esta no es, ni mucho menos, la solución". "Si de verdad se quiere atajar el absentismo encubierto, que se apliquen medidas de inspección y castigo, programas de evaluación del desempeño y remuneración por objetivos para recompensar la productividad". Pero esto, subrayan estas fuentes, "es intentar solucionar la crisis de fe trayendo de vuelta a la Inquisición". Arturo Fernández, presidente de la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la patronal CEOE ha dicho al respecto que "la medida no es mala para los funcionarios y es buena para la función pública", ya que "no va a haber recortes, no se va a adelgazar la Administración y, sin embargo, se les va a pedir un esfuerzo mayor".
Otra de las enmiendas del Grupo se refiere a la 'Reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos' en la que se establece que a partir de la entrada en vigor de la ley "la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y treinta minutos", medida que "se extenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria".
Para ello, la Consejería de Presidencia y Justicia será la encargada de dictar las instrucciones necesarias para adecuar los calendarios laborales vigentes, "incluidos los sistemas de seguimiento del cumplimiento horario, previa negociación en el seno de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos".
Menos asuntos propios
El régimen de permisos por asuntos propios -también conocidos como moscosos- "se ajustará estrictamente a lo previsto en los artículos 48.1 y 48.2 de la ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Publico, salvo lo establecido en otras leyes estatales de aplicación directa", señala el documento del PP. "En consecuencia, con carácter general, el número máximo anual de días de asuntos particulares será de seis incrementados en dos a partir del sexto trienio y en uno más por cada trienio a partir del octavo", señala la enmienda.
En el caso del personal de la Administración de Justicia, "el permiso por asuntos particulares tendrá una duración de nueve días". Además, en los supuestos en que en las normas convencionales o disposiciones generales aplicables se establezcan periodos adicionales de vacaciones respecto de las ordinarias de carácter anual, el número de días que conformen no podrá exceder de seis, sin perjuicio de lo que al respecto se encuentra establecido para el personal docente no universitarios".
Henríquez de Luna explicó que estas enmiendas tienen por objetivo "profundizar en la austeridad, eficacia y el incremento de la productividad de los empleados públicos", y destacó que se prevé bajar en un 40% el absentismo laboral en el sector. Henríquez de Luna admite que no son medidas consensuadas, pero que se han debatido con los agentes sociales antes de hacerlas públicas.
Cambio de horarios del personal docente
La jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas en centros de Secundaria y Formación Profesional (FP) "será la establecida con carácter general para los empleados públicos" en esta disposición, es decir, que también será de 37 horas y media.
"Treinta horas serán de obligada permanencia en el centro" y de ellas, un mínimo de 25 se computarán como horario regular de los profesores, el cual comprenderá una parte lectiva y otra de carácter complementario. El resto, hasta completar las 25 horas, se dedicará a actividades complementarias y las cinco restantes que quedan para completar las 30 horas serán computadas a cada profesor como horario no fijo o irregular", indica el texto. Según el texto, siete horas y media no son de obligada permanencia en el centro y se dedicarán a los deberes inherentes a la función docente.
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