13.12.2011 M. Castillo/Agencias
El portavoz del Govern, Francesc Homs, asegura que si el Gobierno no abona a la Generalitat los 759 millones que prevé el Estatut se puede producir un eventual retraso en el pago a proveedores y en el abono de pagas a los trabajadores públicos.
Pide "comprensión" a proveedores y trabajadores públicos
Homs ve "desconcertante" que la ministra Elena Salgado justifique el impago a Cataluña de los 759 millones alegando que no hay una "obligación". Este montante está vinculado a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía (Estatut) catalán, y el Govern había previsto sufragar con ellos los gastos de tesorería de este mes de diciembre.
Pero la vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmó este lunes que el pago de este dinero es una "posibilidad de gasto", pero no una "obligación". Salgado precisó que el Gobierno se ha "autoimpuesto" muchas limitaciones presupuestarias, lo que ha llevado a que algunas partidas para inversiones no se hayan ejecutado.
Ante la repercusión que este impago tendría en la tesorería de la Generalitat, el portavoz del Governs ha reclamado "compresión y confianza" a los trabajadores de la administración pública ante un posible retraso en los pagos a proveedores y funcionarios, ha señalado este martes en Catalunya Ràdio.
"¿Cómo se puede acabar consiguiendo credibilidad, si desde un gobierno se dice que unos presupuestos son una especie de indicación, que si se cumplen, bien, y si no, tampoco pasa nada? Esto genera sin ninguna duda un gran desconcierto e incrementa esta falta de crédito que hay respecto a las instituciones", ha justificado Homs.
El portavoz del Govern ha insistido, además, que esta partida ya está incluida en los PGE, aparece reflejada en documentos del ministerio de Economía y Hacienda y se acordó en la comisión bilateral Cataluña-España.
El Govern analizará en su reunión de hoy los informes del gabinete jurídico de la Generalitat sobre la posibilidad de llevar a los tribunales el incumplimiento de este pago, por lo que también hoy mismo anunciará si finalmente recurre o no a la justicia.
Las líneas rojas de los sindicatos Las reacciones de los sindicatos de Función Pública de Cataluña no se han hecho esperar, en un clima de máxima tensión por el fracaso de las negociaciones en la mesa sobre las medidas anunciadas por el Govern que merman nuevamente los sueldos de los trabajadores públicos.
Una de las integrantes de dichas reuniones, Monste Ros, de Comisiones Obreras, ha mostrado su preocupación sobre las declaraciones de Homs a los medios de comunicación justo cuando los sindicatos acaban de comenzar una quinta ronda de negociaciones para tratar de acercar posturas.
El líder de UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, asegura que los sindicatos de la función pública sólo están dispuestos a aceptar una congelación salarial a cambio del mantenimiento de las plantillas -es decir, sin despedir a interinos-, y una reducción de personal basada en prejubilaciones y jubilaciones.
En declaraciones a los medios, el líder sindical se ha mostrado muy escéptico respecto a que las dos partes puedan llegar a algún acuerdo. "Tengo más esperanzas en la manifestación de mañana que en la mesa de negociación de hoy", ha asegurado tras reprochar al gobierno de Artur Mas que quiera cargar todo el peso de los ajustes sobre los mas de 230.000 trabajadores de la Generalitat.
Ante este escenario, Álvarez ha llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a participar mañana en las concentraciones convocadas en las principales ciudades catalanes para protestar contra los recortes.
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