Entidades sociales apoyan la medida de Justícia para expulsar a internos ‘sin papeles’
Gabriel Trindade, Barcelona adn.es 17 septiembre, 2011

Es el mal menor. La medida para expulsar a su país de origen a los presos sin papeles que hayan cumplido la mitad de su condena que hoy entra en vigor es entendida por casi 100 entidades sociales como la mejor posibilidad para su rehabilitación.
Así lo afirmó el portavoz de la Taula de Participació Social (organismo que agrupa todas las asociaciones que trabajan en programas de rehabilitación), Miquel Pongiluppi, ayer en rueda de prensa. “Dada la actual situación, es lo mejor que se puede hacer. Si continuamos así, el único camino que se les ofrece es volver a delinquir”, afirmó.
Según el punto de vista de la entidad que representa, el marco actual de la Ley de Extranjería -donde al inmigrante que delinque se le retira la regularización, impidiendo así que pueda obtene un empleo al salir- y la situación de crisis económica impiden que un preso inmigrante consiga reinsertarse en la sociedad.
La nueva directriz de Justícia propone que todos los presos irregulares condenados a seis años o menos de cárcel pueden acogerse a la expulsión a su país de origen una vez cumplida la mitad de la pena a condición de no volver a España en los próximos 10 años. En el resto del Estado ya hace tiempo que se aplica este sistema.

La rehabilitación de recursos reduce la reincidencia

La Taula de Participació Social (TPS) presentó ayer un informe donde se apunta a la rehabilitación como mejor método para evitar la reincidencia en detrimento del endurecimiento de las penas.Según sus datos, optimizar los programas de rehabilitación de los reclusos reduciría un 12 % las probabilidades de reincidencia y ahorraría un total de 13 millones a la administración penitenciaria.
“Disintos actores sociales están pidiendo más condenas porque suponen más seguridad, cuando en realidad lo que generan son más reincidencia y, por tanto más gasto”, afirmó.En la última década, el aumento de reclusos en Cataluña ha sido exponencial.
En el año 2000, había cerca de 6.000 reclusos; en la actualidad hay más de 10.000 prisioneros). Sin embargo, el crecimiento de los delitos y faltas se ha mantenido estable, con un ligero incremento. Los datos recopilados por la TPS señalan que en 2001 la media de delitos y faltas por 1.000 habitantes eran de 52,9. Según datos del año pasado, la media era de 61,9.

Entrevista al director de Serveis Penitenciaris, Ramon Parés.

¿Por qué se aplica esta medida ahora?
Tenemos un contexto de masificación en las prisiones. Además, se beneficia a reclusos a los que no reinsertaríamos en la sociedad.
¿Por qué?
Al estar en situación irregular, no podrían obtener un trabajo legalmente. Eso les deja en manos de la explotación o la delincuencia.
¿No se establece un doble rasero?
Esta medida no es un premio. La gente no quiere marcharse de Cataluña. Además, se supone que los presos nacidos aquí tienen más oportunidades.
¿Por qué no se aplicó antes esta medida?
Eso se debe preguntar al anterior equipo de Justícia. Hacer esto cinco años atrás huberia sido mejor.